La actividad minera a no dudar es fuente de ingentes recursos para el Estado, principal generadora de divisas en el Perú y propulsora de desarrollo en las zonas donde se asientan los proyectos mineros. Sin embargo, es también objeto de duras críticas y ataques de algunas organizaciones “ambientalistas” que representan sectores, interesados en promover caos social e impedir el desarrollo del país y que han visto en ello su “modus vivendi”.
Es cierto que en muchas ocasiones en el pasado, la minería ha ocasionado graves problemas ambientales como en Pasco, La Oroya y en otros lugares; sin embargo hoy en día las exigencias de protección ambiental hacen de la minería una actividad, en su gran mayoría, cuidadosa del medio ambiente. Paradójicamente, estas organizaciones “ambientalistas” y el propio Estado no dicen ni hacen nada contra la minería “informal”, que si causa enormes daños ambientales.
Son dos hechos que han contribuido al debate sobre la minería en estos últimos tiempos: el impuesto sobre las mal llamadas “sobreganancias” y la posibilidad que la llamada “consulta previa” de las comunidades sea o no vinculante.
Respecto a un nuevo impuesto que debería ser considerado en base a las ganancias “extraordinarias” (originadas por el aumento de los comodities), está claro que debería calcularse sobre la utilidad operativa y no sobre las ventas. Algunos “teóricos de izquierda” no ven mejor ocasión que ésta para atacar la actividad minera, argumentando “mala fe” de las empresas e incluso muestran un total desconocimiento cuando cuestionan que se deba cargar al costo de operación, la depreciación de activos, amortización de intangibles y los gastos de operación; items inherentes a cualquier estructura de costos y en particular de la actividad minera. Estos críticos cuestionan que la utilidad operativa disminuya por estas prácticas contables, que son legales y de uso común. Así mismo se cuestiona una práctica común como son las “ventas a futuro”, sobre todo que en la actualidad las cotizaciones están al alza y a niveles no previstos en momentos que se hicieron esos contratos.
En cuanto a los contratos de “Estabilidad Jurídica y Tributaria” firmados por el Estado en beneficio de algunas empresas mineras; cabe resaltar que éstos se pactaron en momentos que nadie invertía en el Perú, debido a la enorme crisis heredada de los años 80s. Obviamente que si hay acuerdos entre las partes, éstos deben ser respetados y solo una negociación aceptada por ambas podría dar origen a alguna modificación. Hacer lo contrario, rompería con la seguridad jurídica base de cualquier sociedad y factor principal para que se invierta en el país.
En lo concerniente a la “consulta previa”, está claro que hay pequeñas minorías que “dicen representar a la mayoría” y que intentan tener derecho a “veto” cuando se trate de negociar concesiones mineras. La real motivación de esas minorías no es otra que frenar el desarrollo y “crear las condiciones” para sus planes que van contra el desarrollo del Perú. Creemos que todos tienen derecho a ser escuchados pero lo que es inadmisible es que se pretenda bloquear cualquier proyecto minero bajo premisas falaces. Esto va contra toda posibilidad de avance en la lucha contra la pobreza.
Finalmente, debemos resaltar que en los próximos 10 años, se estiman inversiones mineras por US$ 40,000 millones. Para ello se requiere un clima de paz, estabilidad jurídica y sobre todo normas razonables o sea impuestos establecidos técnicamente y no bajo presiones de “radicales” que no les importa el futuro del país.
No matemos a “la gallina de huevos de oro”¡¡
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